¡Quieto todo el mundo!

Pequeña disertación sobre el discurso del Teniente General Mena.

Oía el otro día cierto discurso de un General de apellido Mena. El militar en cuestión, al parecer jefe de las fuerzas terrestres de nuestro malogrado ejército, amenazaba veladamente en su discurso de Pascua Militar con intervenir en Cataluña si el Estatuto Catalán en proyecto llegaba a aprobarse, por supuesto en defensa de la Constitución y en virtud de lo que en ella se recoge. Todo ello sin despeinarse.

Es evidente que las reacciones no tardaron en llegar. Y es que palabras como esta, en un entorno democrático y de derecho como en el que estamos no son sino un vestigio de la demencia de un militar nostálgico de la una, grande y libre España que hace tiempo que ha dejado de ser una, hace tiempo que ha dejado de ser grande y hace relativamente poco que ha logrado ser libre.

Dice dicho general que en virtud del artículo ocho de la Constitución, aquel que sitúa a las Fuerzas Armadas como garante de la integridad territorial de España y de su ordenamiento constitucional –curioso que el futuro Estatuto de Cataluña vaya a ser una ley integrante del Bloque Constitucionalista-, él puede sacar los tanques a la calle y… ¿Y? ¿Suprimir la autonomía? Y ya puestos a hacernos preguntas, ¿tendrá pensado el militar, reencarnación del General Batet, colocar dos baterías de artillería en la Plaza San Jaime y bombardear la Generalitat? ¿Encarcelará a Maragall?


Y es que resulta que muchos de los que se enarbolan como defensores apenas conocen el texto o, si lo hacen, procuran omitir aquellas partes que parecen no servir a sus intereses. Cualquier jurista –Rajoy entre ellos- sabe que para interpretar un texto legal hay que hacerlo en su conjunto.

¿Qué autoridad tiene el ejército para decidir cuándo y cómo se vulnera la Constitución? Ninguna. Y aunque si la tuvieran, y pudieran enarbolarse garantes de la Constitución, en el articulado de la Carta Magna –concretamente el artículo noventa y siete- se dice, claramente y con un rango igual al artículo ocho, que el Gobierno dirige la administración militar y la defensa del Estado. Así pues el ejército sólo, única y exclusivamente, puede intervenir cuando el Gobierno así lo ordene. Lo demás son amenazas trasnochadas propias de Generales de repúblicas bananeras que en ningún caso tienen ni tendrán cabida en nuestro estado de derecho.

Y en cualquier caso, y para desilusión de muchos, el Estado sólo puede mandar intervenir al ejército en la vida civil interna en caso de declararse el Estado de sitio, siempre y en cualquier caso manteniéndose el principio de responsabilidad ante la ley y continuando las instituciones. Dícese además, en la ley que lo regula (Ley 4/1981, de 21 de julio), que la declaración de este estado de crisis solo podrá hacerse en caso de insurrección o actos de fuerza, siempre y cuando no pueda resolverse de otra forma. La injerencia del ejército en el orden socio-económico y en la vida de los españoles no es gratuita.

Al menos son salidas de tono como las de este General, las que fortalecen la voluntad democrática de la nación española y nos reafirman en el Estado de derecho y social que disfrutamos.